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EVITAR LA SEGUNDA MUERTE
El Camp d’Esports de Lleida. /
Periodista
Especialista en fútbol, baloncesto, balonmano
Escribe desde Barcelona
Dos semanas después de haber sido expulsado del Camp d’Esports, el Lleida Esportiu ya tiene nuevo propietario. Como ha anunciado el club en un comunicado, el grupo de Luis Pereira pasará a hacerse con el timón de un barco que iba a pique. Este empresario gallego se hará cargo de los 250.000 euros de deuda salarial que arrastra la entidad (entre la actual plantilla y los exjugadores hay 32 denuncias presentadas), aunque la deuda total podría ascender a casi 10 millones.
📝 COMUNICAT#SomiSerem#LleidaEsportiu 💙 pic.twitter.com/CUFgPBN8Bt
El Lleida Esportiu nació en 2011 de las cenizas de la Unió Esportiva Lleida, que después de haber jugado en Primera en la temporada 93-94 bajó la persiana en Segunda B tras 72 años de existencia. Desde entonces el nuevo club ha sobrevivido en la tercera categoría estatal, pero una década después de su reencarnación se había vuelto a asomar al abismo: este miércoles solo tenía 10 jugadores de la primera plantilla después de que otros tantos se hayan marchado desde Navidad, hartos de los impagos que habían provocado que algunos tuvieran que dejar su pisos al no poder pagar el alquiler.
«Ha llegado el momento de hacer ‘foc nou’ y tener otro equipo en la ciudad que nos represente de forma digna. Desde la Paeria ayudaremos en todo lo que sea necesario», sentenció el alcalde, Miquel Pueyo, cuando el pasado 12 de enero el consistorio dio un mes a la entidad para abandonar las instalaciones municipales. Una decisión tomada porque «la imagen dada por el Lleida Esportiu los últimos meses ha dañado la imagen de la ciudad».
La ruptura del convenio firmado en 2017 fue debido al impago de las nóminas de los jugadores y cuerpo técnico y también a la Seguridad Social y Hacienda (a diciembre de 2019 el Lleida debía ya a la Agencia Tributaria 1.587.075,99 euros). Las protestas dentro y fuera del terreno de juego contra los hermanos Esteve eran una constante en los últimos tiempos y las pintadas recriminatorias abundaban en las paredes del estadio. Los hasta ahora propietarios apenas habían hablado en público sobre su criticada gestión.
‼️ Invasió pacífica del Camp d’Esports de #Lleida a l’acabar-se el partit de lliga #2RFEF3 @Lleida_Esportiu 0 @TerrassaFC 1.
Els aficionats se solidaritzen amb els jugadors #futbolcat pic.twitter.com/u1usoTiKuC
El punto más bajo se produjo el pasado 5 de octubre cuando la Guardia Civil, en colaboración con funcionarios de la inspección de Trabajo, entraron en las oficinas del Lleida Esportiu en el marco de la Operación Strike 11, en la que se investigan supuestos delitos de fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales.
Los hermanos Jordi y Albert Esteve, copropietarios hasta ahora del club, se hicieron cargo hace una década después de que Annabel Junyent, que había ganado la subasta para heredar la plaza del Lleida, no presentara el aval. Tatxo Benet, propietario durante 12 años de la UE Lleida, le había traspasado su paquete de acciones en 2010, pero Junyent no pudo evitar la quiebra del club ni tampoco consiguió reunir el millón de euros al que se había comprometido para heredar los derechos federativos.
Algunos empresarios habían mostrado interés en hacerse con las riendas de un club que arrastra unas deudas de casi 10 millones de euros. Finalmente el grupo de Luis Pereira será el encargado de intentar reflotar la nave. El anuncio del traspaso de poderes llega un día después de que ningún representante del Lleida Esportiu acudiera al juzgado en una comparecencia en la que Pereira pidió el nombramiento de un administrador judicial. El pasado 15 de diciembre había solicitado, mediante un burofax, su entrada y la de cuatro personas más como socios. Al no recibir respuesta presento la demanda, adjuntando un programa de 11 puntos para reflotar la entidad y también el comprobante notarial de que había depositado 100.000 euros en una cuenta bancaria. Paralelamente había presentado ante la Federación, con una treintena de socios, una demanda de inhabilitación de cinco años contra los hermanos Esteve, que tenían hasta el viernes para presentar alegaciones.
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